Forcejeos del empleador hacia una trabajadora

Someter a un trabajador a forcejeos constituye, en sí, vulneración de derechos fundamentales¹.

1) Doña Lorena Navarrete demandó, en procedimiento de tutela laboral, a Komatsu Kummins Chile Arrienda S.A., quedando asentado en el proceso que aquélla se desempeñó como agente comercial de la empresa, sin obligación de cumplimiento de jornada (artículo 22 del Código del Trabajo), siendo despedida por la causal de necesidades de la empresa (artículo 161 del mismo cuerpo legal), después de dos meses de licencia médica por un cuadro de estrés de origen laboral, causal fundada en la “reestructuración del área KCCA Finance, ubicada en la ciudad de Santiago”. Cuando fue despedida, a la trabajadora se le exigió la revisión de su cartera.

También se probó que, al momento del despido, se presentó a la trabajadora un proyecto de finiquito que la operaria intentó llevarse a su casa para su posterior estudio, lo que fue impedido por su jefa directa, iniciándose un forcejeo entre ambas, en el cual la jefa asió a la trabajadora de las muñecas, causándole lesiones leves. Producto de este hecho la jefa de la trabajadora fue condenada, en sede penal, por la falta de lesiones leves, imponiéndosele un multa a beneficio fiscal.

El tribunal consideró  probado que la trabajadora no contaba con la libertad absoluta para determinar su jornada y que la empresa consideraba normal que sus trabajadores prestaran servicios hasta altas horas de la noche, deduciéndose que la actora estaba inserta en un ambiente exigente y competitivo, lo que le causó trastornos de orden psíquico. Sin perjuicio, no se estimó que estos hechos constituyeran vulneración de derechos fundamentales, puesto que no se derivan malos tratos u hostigamientos por parte de su jefatura directa.

Empero, se concluyó que la carencia de una causal legal justificante del despido “da crédito a las afirmaciones de la actora”, quien sitúa el despido “al final de una serie de vulneraciones previas”.

Ello permitió al tribunal desestimar la alegación de la demandada en orden a que, tratándose el episodio ocurrido el día del despido de una reyerta entre mujeres, la conducta de la empresa carecería de la intensidad suficiente para ser calificada como vulneratoria de los derechos fundamentales de la operaria, concluyendo, a contrario sensu, que la actora fue agredida por su jefa directa, al intentar arrebatarle la carta de despido de las manos, siendo esa conducta suficientemente grave e injustificable, máxime si la jefatura está llamada a imponer la calma y cordura en una situación tensa como la comunicación de un despido. Así las cosas, el tribunal sentenció que la conducta de la jefa directa de la trabajadora careció, en modo absoluto, de justificación, e importó un desconocimiento cabal de la dignidad del trabajador.

Por ello, el tribunal condenó a la empresa al máximo de indemnización adicional aplicable en caso de despido vulneratorio de garantías fundamentales.

La jueza estimó que las vías de hecho o el uso de la violencia física hacia un trabajador constituye de suyo una conducta vulneratoria de derechos fundamentales que no admite justificación ni examen de juridicidad, cuestión que, a menos desde un punto de vista teórico, es altamente discutible, toda vez que siempre hay casos (al menos hipótesis de estudio) en que actos de violencia física como los descritos puedan ser sometidos a ese examen.

2) Se aprecia en la sentencia, que fue desestimada la demanda de indemnización por daño moral deducida conjuntamente con la petición de indemnización adicional por tutela laboral con ocasión del despido, sobre la base que “la actora no acreditó haber sufrido una daño moral superior a aquel naturalmente producido a consecuencia de una vulneración a sus derechos fundamentales de la entidad de aquella determinada sancionada en autos, ni probó tampoco que tal afectación no sea suficientemente reparada con aquella indemnización expresamente prevista en el Código del Trabajo para este tipo de incumplimientos patronales”. Así, de acuerdo al tribunal, “otorgar la prestación de indemnización por daño moral, no expresamente prevista por la norma y que pretende adicionarse a otra sanción pecuniaria ya otorgada, podría dar lugar a un enriquecimiento ilícito de parte de la trabajadora, rechazándose en consecuencia su pretensión de daño moral.”

Con ello, al parecer, la sentencia estima como requisito necesario de la adición de la indemnización por daño moral a la indemnización de tutela, que el daño sufrido esté cubierto por esta última, cuyos rangos están prefijados por la ley; extrañándose en los razonamientos un análisis suficientemente acabado sobre la envergadura de los prejuicios efectivamente causados.

¹ Sentencia dictada por doña Patricia Fuenzalida M., Juez Titular del 2° J.L. del Trabajo de Santiago, el 26/9/14, RIT: T-209-2014.