El principio protector y las cláusulas tácitas

Revisemos la siguiente sentencia laboral:

¿Los hechos reiterados pueden perjudicar al trabajador?

Don Francisco Vélez demandó a Maxam Chile S.A., por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de comisiones.

1) a) En cuanto el despido, quedó asentado en el proceso que existió una relación laboral, y que el trabajador fue despedido por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato (N° 7° del artículo 160 del Código del Trabajo), invocando el empleador que el trabajador se habría negado a firmar comprobantes de feriado y anexos de contrato de trabajo que eran reflejo de sus remuneraciones actualizadas.

Sin embargo, los sentenciadores coligieron que la negativa a suscribir los comprobantes de feriado no revisten la gravedad necesaria para dar lugar a la causal y, que estando acreditado en el proceso que el trabajador se negó a suscribir los anexos contractuales por estar en desacuerdo con sus términos, no se entiende que haya incumplido una obligación.

b) Luego, quedó asentado en el proceso que las partes pactaron un régimen convencional de indemnizaciones por término del contrato de trabajo, que daba derecho al trabajador a años de servicio sin tope de 90 UF, salvo que el trabajador fuere despedido por alguna causal del artículo 160 del Estatuto Laboral.

Al punto, se dictaminó que, para aplicar esta excepción, la causal de despido debe ser justificada, no bastando su mera invocación por el empleador, y la empresa fue condenada a indemnizar al trabajador sin tope legal.

2) Sobre la nulidad del despido, fue un hecho probado que durante un periodo determinado, mientras el trabajador se desempeñaba para la empresa Ingeniería de Protección S.A., las cotizaciones previsionales del actor fueron declaradas y no pagadas. Fue también un hecho asentado en el proceso que la demandada es continuadora legal de esa empresa. En virtud del inciso 2° del artículo 4° e inciso 3° del artículo 3° del Código del Trabajo, el tribunal sentenció que la responsabilidad del continuador legal se extiende a las cotizaciones previsionales del trabajador y, en consecuencia, le es aplicable la sanción conocida como nulidad del despido o ley Bustos.

3) Respecto de las comisiones reclamadas, quedó asentado en el proceso que las partes escrituraron en el contrato de trabajo un sistema de comisiones por el espacio de ocho años, el que no fue ejecutado; y también, que contrato de trabajo perduró por dos años más que el octavo año de aquel acuerdo.

El demandante reclamó las comisiones de los últimos tres años de duración del contrato (los anteriores no los demandó, dándolos por prescritos), y la demandada se defendió señalando que existió una cláusula tácita entre las partes, que derogó el régimen de comisiones.

La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que las cláusulas tácitas no pueden ser propugnadas cuando devienen en pérdida de derechos del trabajador, accediendo a la petición del trabajador. Sin embargo, y revocando de oficio la sentencia del tribunal a quo, la demanda fue denegada respecto de los años que trascienden al periodo de ocho años convenidos, toda vez que no puede entenderse que ha operado a favor del actor una “cláusula tácita” de prorrogar el acuerdo de comisiones, amén que para que tengan cabida este tipo de cláusulas “es menester que las partes hayan venido observando un determinado comportamiento de ejecución del contrato de trabajo, de lo que sea dable colegir que el mismo ha sido modificado en un sentido determinado”; en otras palabras, para el advenimiento de una cláusula tácita es preciso un comportamiento positivo, una forma de “cumplir”, no de “incumplir”, como se dio en autos.

En el fondo, concordamos con los sentenciadores, a la vez que con el voto de disidencia, que estaba por no casar de oficio, puesto que estas facultades, consagradas en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, no corresponden cuando una infracción de ley influyente en lo dispositivo del fallo hace írrita la sentencia. Así las cosas, creemos que, en esta parte, el Corte se arrogó atribuciones de las que carece.

La sentencia de primera instancia fue dictada por doña Lidia Ferrada Valdebenito, Juez del 1° J. del Trabajo de Santiago, en causa RIT: O-4150-2013, el 21 de enero de 2014, y la sentencia de la Corte de Apelaciones fue dictada el 28 de agosto del mismo año, en la 10a Sala, con los votos favorables de los Sres Ministros Juan Mera M. y Omar Astudillo C., y la disidencia de doña Clara Carrasco A., N° de ingreso 235-2014.